El Consejo de Ministros aprobó el 2 de diciembre de 2025 una declaración institucional con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. En ella se reafirma el compromiso de España con los derechos reconocidos en el renovado artículo 49 de la Constitución, impulsando su aplicación en la legislación ordinaria.
El Gobierno ha iniciado una reforma profunda de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Dependencia, para fortalecer cuatro pilares fundamentales: inclusión, autonomía, accesibilidad universal y las necesidades específicas de las mujeres y menores con discapacidad.
El proyecto de ley introduce nuevas definiciones alineadas con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incorpora medidas para garantizar la inclusión laboral, educativa, social y familiar. También promueve la desinstitucionalización, combate el capacitismo y regula el desarrollo de tecnologías —incluida la inteligencia artificial— para favorecer la inclusión y prevenir la soledad no deseada.
Respecto a la autonomía personal, se actualizan los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se flexibilizan prestaciones y se refuerza la asistencia personal, permitiendo apoyos adaptados a las necesidades cotidianas sin penalizar el empleo.
En accesibilidad universal, se reconoce este principio como un derecho exigible y se crea un programa estatal para financiar adaptaciones en espacios y servicios públicos, así como nuevas obligaciones en vivienda y patrimonio histórico.
El texto también consolida el acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de la figura del facilitador procesal y establece medidas específicas para mujeres y menores con discapacidad, especialmente en materia de igualdad, prevención de violencias y atención temprana.
Se recuerda además la reciente Ley 2/2025 que elimina el despido automático por discapacidad y se subraya la alineación con la Estrategia Europea de 2021-2030, destacando el liderazgo de España en derechos de discapacidad dentro de la UE.
La declaración concluye reivindicando el consenso político logrado en la reforma constitucional de 2024 y el papel esencial del CERMI, con el objetivo de garantizar una vida digna y el pleno disfrute de derechos para todas las personas con discapacidad y sus familias.
Comments are closed.